Entrevista publicada en Informativo Jurídico en Febrero 2020. Texto completo aquí.

Hoy entrevistamos al Abogado experto en Derecho Administrativo, Contratación Pública y Urbanismo-Inmobiliario, José Conca, socio fundador de Conca Legal, para anunciarle su nominación a los Premios Economist&Jurist en la categoría de Profesor del Claustro de la obra Big Data Jurist.

Hoy entrevistamos al Abogado experto en Derecho Administrativo, Contratación Pública y Urbanismo-Inmobiliario, José Conca, socio fundador de Conca Legal, para anunciarle su nominación a los Premios Economist&Jurist en la categoría de Profesor del Claustro de la obra Big Data Jurist.

José Conca lidera la Firma Conca Legal y cuenta con más de 19 años de experiencia en despachos de abogados de reconocido prestigio (Cuatrecasas, Garrigues y Deloitte). Previamente preparó la oposición al Cuerpo de Abogados del Estado. Abogado Colegiado en ejercicio desde el año 2000. Reconocido como Best Lawyers España 2019 y 2020.

Durante estos años ha participado en proyectos de primer nivel y ha asesorado tanto a entidades del Sector Público como a empresas del Sector Privado en el ámbito del derecho administrativo (general y especial), contratación pública y colaboración público-privada, urbanismo e inmobiliario, medio ambiente legal o energías renovables (entre otras), y cuenta con una gran experiencia en el ámbito judicial.

Ya que próximamente vas a estar nominado en los premios Economist & Jurist en esta misma categoría ¿Cuéntanos tu experiencia al colaborar como profesor en proyecto de Big Data Jurist compartiendo tu visión experta?.

En mi opinión, el proyecto de Big Data Jurist es una excelente oportunidad para poner en común el conocimiento al día y la práctica jurídica constantemente actualizada en cualquier materia de profesionales con amplia visión experta y que todos contamos necesariamente con muchos años de experiencia. Es una gran base de datos única y necesaria ya que viene a complementar a las bases normativas y jurisprudenciales aportando una visión práctica del derecho. Extraordinaria la iniciativa empresaria de Economist & Jurist al liderar este proyecto editorial. 

En cuanto al ejercicio profesional, ¿qué diferencias encuentras entre el ejercicio de la abogacía en grandes despachos y en pequeñas boutiques?. 

La práctica profesional en grandes despachos te permite tener acceso a empresas de primer nivel (Ibex, multinacionales, socimis, fondos, etc.) y se adquiere una gran experiencia llevando asuntos de gran complejidad y relevancia.

En las boutiques especializadas, se trabaja más bien para empresas medianas o más de nicho, como pueden ser las empresas concesionarias o contratistas del sector público, inmobiliarias, de los distintos sectores productivos, o incluso pequeñas empresas o particulares. En ellas tiene un papel muy importante la relación personal con el cliente.

Por otra parte, los ratios en términos de honorarios son algo menores, lo que permite también ofrecer la misma calidad de servicio con un precio más atractivo para el cliente, lo que incluso favorece acceder con mas facilidad a clientes del sector público, dado que se pueden hacer ofertas en las licitaciones públicas con un precio más competitivo.

Otro aspecto importante, es que en una boutique especializada es más fácil desarrollar servicios jurídicos por proyectos, que es una modalidad de contratación cada vez mas requerida por los clientes, con facturación cerrada y no por horas, y al mismo tiempo con mayor facilitad para adaptarse a las necesidades del cliente. 

En cuanto al día a día, ¿qué necesidades o problemáticas tienen tus clientes y/o targets?.

Las necesidades son cada vez más complejas y requieren de un análisis jurídico multidisciplinar  pero además conocer bien el negocio del cliente. A todo esto se añade que no hay que perder de vista la situación económica actual o los aspectos tecnológicos.

Desde el punto de vista del Derecho Administrativo, las relaciones entre las Administraciones Públicas y las empresas ya es teóricamente digital. Esas relaciones deben efectuarse a través de medios telemáticos y mediante notificaciones electrónicas, si bien, se observa que todavía falta concluir el proceso de implantación completo de las medidas tecnológicas establecidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Aún es difícil conectar las sedes electrónicas de cada entidad pública con único punto de acceso para las empresas, o se siguen notificando resoluciones y actos administrativos en papel con la inseguridad jurídica que ello conlleva. El 2 de octubre de 2020 deberán de entrar en vigor las ultimas disposiciones de carácter tecnológico de la ley, y tanto el sector público como el privado deberán ir concluyendo la revisión de sus procesos internos en cuanto a gestión de certificados, registro de apoderamiento, notificaciones electrónicas, archivo electrónico, etc.

En materia de Contratación del Sector Público las empresas se enfrentan a una regulación cada vez mas compleja y cambiante, tanto del proceso de licitación como en la fase de ejecución de los contratos, especialmente en los supuestos de modificación o reequilibrio de los mismos. En este momento  han aumentado notablemente los recursos ante los Tribunales Administrativos de Contratación con una casuística cada vez mayor.

En cuanto a la ejecución de Infraestructuras públicas, especialmente en áreas tan necesarias como el ciclo integral del agua, la gestión de residuos, o medio ambiente, resulta paradójico que el sector público no disponga de financiación o presupuestos para ejecutar directamente éstas, pero tampoco se fomenten fórmulas de colaboración público-privada mediante concesiones de obras o concesiones de servicios para el desarrollo de las mismas, cuando, al mismo tiempo, la  Unión Europea impone sanciones a España por no tenerlas en funcionamiento. Tampoco está favoreciendo el desarrollo de las concesiones la ley y reglamento de desindexación de la economía que limitan la rentabilidad de las concesiones y reducen el plazo de duración de las mismas.

En el ámbito urbanístico e inmobiliario, el sector tradicionalmente ha venido estando preocupado por las demoras en la aprobación de los planeamientos urbanísticos o en los dilatados plazos para el otorgamiento de las licencias de obras. Pero actualmente, el sector está preocupado también por la posible limitación del precio o duración del alquiler, la obtención de suelo público para construcción de viviendas, la todavía falta de regulación y jurisprudencia clara sobre las viviendas de uso turístico, los cambios fiscales o los efectos reales de la entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

Finalmente, cada vez están teniendo y van a tener más peso los aspectos legales relacionados con la energía (y en particular, con las energías renovables), y con el medio ambiente. Las empresas deberán adaptar sus instalaciones y actividades a una normativa que se espera cada vez mas amplia, y todo ello en el contexto de la reciente declaración de emergencia climática y ambiental efectuada por el Consejo de Ministros y la próxima tramitación del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que exigirá la adopción de medidas para mitigar el cambio climático.

¿Cuales son los principales retos de los Despachos de abogados en este momento y para el futuro?.

Se habla mucho de cómo debe funcionar un despacho de abogados en este momento y en el futuro. Transformación digital, blockchain, machine learning, smart contract, lectores de documentos o Big data, son herramientas implantadas o en fase de implantación en los despachos. Sin embargo, en mi opinión, el despacho se transformará según lo que realmente necesite y solicite en cada momento el cliente. Es decir, la practica profesional irá ligada a como se va implementando la digitalización de la economía, como se solucionan los conflictos comerciales, como afectan al cliente las reformas legales sectoriales o con qué tecnología o medios digitales se efectúan las transacciones. Con independencia del perfil y magnitudes del despacho, el principal reto es la adaptación al constante cambio económico, social y tecnológico al que estamos asistiendo.

En cuanto a la prestación en sí de servicios jurídicos, nos encontraremos ante un asesoramiento   jurídico pero “a través de la tecnología”. Herramientas de cumplimiento normativo o de gestión documental, procesos y expedientes, búsqueda asistida de legislación y jurisprudencia, asistentes virtuales o redacción automatizada de escritos o similares van a ser los medios a través de los cuales prestaremos los servicios jurídicos. No obstante, el asesoramiento personalizado,  próximo al cliente y a sus necesidades siempre será una de las características de la abogacía.